La noticia, difundida por algunos medios, pero aún no confirmada, de que el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estaría evaluando retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) causa inquietud por las eventuales consecuencias internas e internacionales de tal decisión en cuanto a la protección y vigencia de los derechos humanos en América Latina.
Colombia firmó en 1998 el Estatuto de Roma, el tratado internacional que estableció la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar a personas responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, en determinadas circunstancias, el crimen de agresión.
La CPI fue un actor importante detrás de las negociaciones de paz en ese país, asolado por un conflicto armado interno durante más de 50 años. Su influencia se ha hecho sentir, y su rol ha sido cuestionado.
"Durante la negociación de paz a partir de 2012 entre el expresidente Juan Manuel Santos y las antiguas FARC-EP hubo mucha controversia sobre ciertos puntos que podían ir en contra del Estatuto de Roma", explica a DW Isabel Güiza-Gómez, investigadora posdoctoral en Ciencia Política y Estudios de Paz del Center for Inter-American Policy and Research (CIPR) de la Universidad de Tulane (Luisiana, EE. UU.). Y añade que también "se dio una discusión acerca de su injerencia en el proceso interno de las negociaciones". Pero "investigaciones muestran que hubo cierta influencia de la CPI en los contenidos del Acuerdo de Paz", logrado en 2016.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, estaría estudiando la posibilidad de retirar a su país de la Corte Penal Internacional, según fuentes en La Haya.Daniel Garzon Herazo/NurPhoto/picture alliance
Güiza-Gómez califica de "hito significativo" el surgimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016 exclusivamente para investigar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad en Colombia, tanto de la Fuerza Pública como agentes civiles y funcionarios no combatientes del Estado y terceros civiles. Cuando empezó a funcionar la JEP, la CPI cerró la investigación preliminar inicial abierta, necesaria para realizar una investigación formal de esos delitos.
Justamente "la JEP también ha sido objeto de críticas y oposición por parte de este nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella", lo que, a juicio de la experta, es "altamente inconveniente a nivel político, a nivel internacional y a nivel doméstico, ya que podría interpretarse como si ya no hubiera un compromiso por parte del Estado colombiano de continuar con los avances en la persecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil en Colombia".
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) fue creada en el marco del Acuerdo de Paz como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Según sus datos más recientes, hay todavía más de 136.000 personas desaparecidas, registradas hasta el 1 de diciembre de 2016. El delito de desaparición forzada, un crimen de derecho internacional y en muchos casos de lesa humanidad, es de carácter permanente mientras no se conozca lo que sucedió con la víctima y su paradero, y mientras no se halle y restituya su cuerpo.
DW solicitó una entrevista con la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, sobre las eventuales implicancias de una salida de Colombia de la CPI para la tarea de esa organización, pero la invitación fue declinada.
El rol de la CPI en las negociaciones de paz en Colombia entre las FARC-EP y el Estado ha sido clave.IMAGO/ANP
Al respecto de posibles consecuencias, la exdirectora (2018-2023) de la UBPD Luz Marina Monzón comenta a DW: "Si el gobierno colombiano decidiera emprender la tarea de desvincularse de la CPI, lo que no tendría efectos inmediatos, eso podría debilitar a la JEP y a la justicia transicional que ha aportado a la verdad, pero estas no dejarían de funcionar". Monzón subraya que "la CPI ha tenido un rol muy importante en la construcción de un proceso de paz, y eso le ha otorgado a Colombia credibilidad y confiabilidad por el sistema de justicia transicional que se encuentra desarrollando".
"En un Estado de derecho como es Colombia, tendrían que pronunciarse cada uno de los poderes en relación con esa voluntad del Ejecutivo. El derecho internacional es una conquista de la humanidad, reconoce el derecho de las víctimas, pero también es un soporte que fortalece al Estado, a la democracia", destaca Luz Marina Monzón.
Por otra parte, al ser un tratado de derechos humanos, detalla, por su parte, Güiza-Gómez, la pertenencia al Estatuto de Roma se considera parte de la Constitución. Por ello, ante una hipotética salida, serían necesarios varios debates en las comisiones y plenarios de ambas cámaras del Congreso. Además, recuerda que es precisa una nota escrita del Estado ante la CPI, y si esa solicitud fuera aceptada, tendría efecto recién un año después de la aceptación.
"Para las víctimas, eso representaría un gran revés en el avance de Colombia en materia de defensa de los derechos humanos. Los asesinatos de falsos positivos quedarían otra vez en la impunidad. No tendrían ningún tipo de respuesta de acción judicial del Estado frente a los responsables", asevera Güiza-Gómez. "En Colombia no existe precedente alguno de que el Estado se haya retirado de algún tratado de derechos humanos", resalta.
Para Luz Marina Monzón, tal medida debilitaría los mecanismos internos para garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y marcaría un retroceso en ese sentido. "Espero que esto no tenga lugar y que se pueda comprender lo que significa en términos de fortalecimiento del Estado de derecho en Colombia", dice. Y augura que "las víctimas van a seguir luchando por sus derechos, para que esas garantías se mantengan, acudiendo a los mecanismos nacionales e internacionales para que así sea".
Por su parte, Isabel Güiza-Gómez alerta de que "eso significaría, asimismo, una erosión democrática en Colombia. Es una muestra más de que este gobierno quiere impulsar una agenda de extrema derecha, con muchas restricciones a distintas poblaciones, no solo a las víctimas, sino también a grupos indígenas, afrodescendientes, mujeres y a la población LGBTI".
Y pronostica que tal decisión "abriría la puerta a que pudiera ocurrir en otros países de América Latina", una región "con una tradición relativamente estable de cooperación con organismos internacionales y regionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con algunas excepciones, como Venezuela o Nicaragua, que lo han combatido".
Si saliera de la CPI, "Colombia entraría al selecto grupo de los saboteadores de los estándares internacionales de derechos humanos, que, básicamente, en América Latina son parte de regímenes autoritarios", concluye Güiza-Gómez.
(ms)