No es fácil para un potencial inversionista en el sector energético entender el mensaje esquizofrénico del gobierno que, por una parte, exige la rectoría, la planeación y el control para garantizar la soberanía estatal, pero en la letra pequeña del llamado Plan México busca la participación privada con el argumento de que es indispensable para sostener al sector y al país.
Para convencer a los capitales privados de que este régimen es un buen socio mayoritario, la primera interrogante es si esta apertura eufemística realmente marca la huella propia de Claudia Sheinbaum frente a las fallidas y absurdas políticas de López Obrador, o si se trata únicamente de un matiz a las mismas políticas estatistas dictadas el sexenio pasado.
La falta de infraestructura energética es uno de los cuellos de botella que han detenido el flujo de inversiones a México, de la mano de otras decisiones que son completamente adjudicables a este régimen, como la falta de certeza jurídica y la erosión de contrapesos regulatorios y judiciales.
A simple vista, la diferencia es clara: mientras López Obrador bloqueó permisos de proyectos en marcha y boicoteó a empresas con inversiones multimillonarias como Iberdrola, Sheinbaum institucionaliza la vía mixta.
Sin embargo, la oferta que complica el análisis del costo de oportunidad es que, en el caso de la energía eléctrica, la CFE conservará por ley 54% de la generación y la mayoría en las alianzas, lo que deja a los privados 46%; todo ello sujeto a la decisión mayoritaria del Estado.
Cuando se analiza el riesgo de estas inversiones, del lado de las oportunidades queda la enorme necesidad que tiene este país de modernizar su infraestructura y ampliar la cobertura. Sin embargo, en la columna de los riesgos aparece como factor prioritario lo que implica someterse a las condiciones de socio minoritario de un régimen de constantes bandazos.
No solo es estar sujeto a las ocurrencias e improvisaciones desde el poder; es entregar el control operativo y la toma de decisiones a una burocracia tan pesada como la de CFE o Pemex, lo que genera dudas muy razonables sobre la gobernanza de los proyectos. A esto se suma el riesgo de subordinar la rentabilidad financiera a prioridades políticas o a tarifas subsidiadas con fines electorales.
De todas las expectativas difíciles de cumplir que se han vertido en estos días, la que tiene que ver con dotar al país de infraestructura energética suficiente es de las más riesgosas. Prometer casi 100 plantas de energía y la modernización de la red eléctrica suena ambicioso en el papel, pero sin certidumbre jurídica y sin reglas financieras claras, los capitales globales difícilmente querrán participar.
El problema de fondo es que la energía no es un sector aislado; es la columna vertebral de la economía. Cuando un "acto de vandalismo" deja sin energía eléctrica a cuatro estados del país por varias horas, se envían señales muy negativas en materia de seguridad pública y energética.
El régimen pregona un discurso estatista que puede ser tolerable para los inversionistas que entienden la naturaleza populista del gobierno; pero las inversiones requieren certeza jurídica que va más allá de ofrecer ser socio minoritario de un Estado que juega más con las reglas políticas que con las reglas del mercado.