Una gira que habla tanto de los países visitados como de los que quedan fuera.
Marco Rubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre. El Departamento de Estado ha definido oficialmente tres grandes asuntos: la ayuda estadounidense a Colombia tras el terremoto de agosto, la cooperación contra el "narcoterrorismo" y el fortalecimiento de las relaciones comerciales. Rubio se reunirá con el nuevo Gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella, con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y con la nueva mandataria peruana, de Keiko Fujimori.
Pero la selección de los tres destinos permite leer la gira en una clave más amplia.
Washington está construyendo una red de gobiernos que comparten, con distintos grados de intensidad, una visión más dura sobre seguridad, narcotráfico y crimen organizado y una mayor disposición a estrechar la cooperación con Estados Unidos. Colombia acaba de abandonar cuatro años de la Administración de izquierda de Gustavo Petro; Perú acaba de elegir a Fujimori, una figura conservadora; y Ecuador se ha convertido bajo Noboa en uno de los socios más activos de Washington en la lucha contra las organizaciones criminales.
El mensaje político es difícil de ignorar: la Administración Trump parece estar aprovechando el nuevo mapa político latinoamericano para institucionalizar alianzas con gobiernos que considera más compatibles con su visión hemisférica.
La gira de Rubio, por tanto, no es únicamente una visita diplomática. Es también una operación de consolidación de alianzas.
Bogotá será probablemente la parada de mayor carga política. La llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño ha supuesto un giro drástico respecto a la relación que mantuvo Washington con Gustavo Petro. Aunque Estados Unidos y Colombia nunca rompieron sus vínculos estratégicos, la política de Petro hacia las drogas, su relación con la Administración de Donald Trump y sus críticas a algunas operaciones estadounidenses generaron fricciones.
Con el nuevo Gobierno, la situación es diferente. De la Espriella llegó al poder con la promesa de reforzar la seguridad y con una voluntad explícita de acercamiento a Trump. Colombia se incorporó además a la nueva estructura regional impulsada por EE. UU. para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
El presidente colombiano Abelardo de la Espriella gesticula durante un discurso en Barranquilla el 24 de agosto de 2026.
La dimensión militar de esta relación ya ha empezado a crecer. El jefe del Comando Sur, Francis Donovan, visitó Colombia a finales de agosto y mantuvo conversaciones destinadas a profundizar la cooperación en seguridad. En paralelo, Washington y Bogotá han avanzado en mecanismos de coordinación para combatir el tráfico de drogas en el Pacífico y en la frontera con Ecuador.
Esto representa un cambio importante en la política regional del país del norte con Bogotá: no aparece solamente como receptor de asistencia antinarcóticos, como ocurrió durante décadas bajo el Plan Colombia, sino como un posible socio operativo de Estados Unidos en una estrategia de seguridad de alcance regional.
El desastre natural que golpeó con especial fuerza al occidente del territorio colombiano el pasado 10 de agosto proporciona a Rubio una entrada menos controvertida a una relación que, en materia de seguridad, puede resultar mucho más sensible.
Estados Unidos ha ofrecido ayuda para la recuperación y ha enviado asistencia de emergencia. El Departamento de Estado ha situado explícitamente la respuesta al terremoto entre los objetivos de la visita.
La ayuda humanitaria cumple, además, una función diplomática. De la Espriella asumió la Presidencia apenas tres días antes del terremoto. La respuesta estadounidense permitió a Washington demostrar desde el comienzo de la nueva Administración colombiana que la relación con el país latinoamericano podía tener una dimensión tangible y no limitarse a declaraciones ideológicas.
Rubio llegará, por tanto, con un mensaje doble: Estados Unidos quiere ser un socio ante las emergencias, pero también quiere que Colombia sea un aliado estratégico frente al narcotráfico.
Es en este punto donde puede encontrarse el principal cambio político. El Gobierno de Petro–el primer presidente de izquierda del país y exmiembro del extinto grupo al margen de la ley M-19–había cuestionado la estrategia tradicional de la llamada guerra contra las drogas y defendido una aproximación diferente al fenómeno de los cultivos ilícitos, las organizaciones armadas y el narcotráfico.
De la Espriella, en cambio, ha prometido una política de seguridad mucho más agresiva. La cooperación con Washington encaja naturalmente en esa estrategia.
El resultado puede ser una transformación de Colombia en uno de los principales puntos de apoyo de la política de seguridad de Trump en Suramérica.
La elaboración de pasta de coca, en un pequeño laboratorio de la región montañosa de Antioquia, Colombia, el 7 de enero de 2016.
La cuestión no está exenta de riesgos. Una mayor presencia militar estadounidense y operaciones conjuntas pueden generar debates internos sobre soberanía, derechos humanos y límites de la cooperación. De hecho, la estrategia estadounidense de atacar embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas de la región ya ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos.
Para Washington, sin embargo, la lógica es otra: el narcotráfico dejó de ser presentado exclusivamente como un problema policial y pasó a ser tratado como una amenaza de seguridad hemisférica.
El cuarto viaje de Marco Rubio a América Latina como secretario de Estado se produce en un momento en que la cooperación entre EE. UU. y algunos gobiernos de la región es cada vez más estrecha, estimulada por la política de mano dura que comparten estas Administraciones.
Ecuador ocupa una posición distinta a Colombia y Perú. Daniel Noboa ya era un aliado cercano la Administración Trump antes de esta gira y Rubio visitó Ecuador en 2025. En el último año, ambos gobiernos han profundizado la cooperación contra el crimen organizado, mientras Quito ha adoptado una postura mucho más favorable a la colaboración militar y de inteligencia con Estados Unidos.
La situación geográfica convierte a Ecuador en una pieza especialmente importante. El país está situado entre Colombia y Perú, dos grandes productores de cocaína, y tiene una extensa fachada sobre el Pacífico. Sus puertos se han convertido en puntos relevantes para las rutas internacionales del narcotráfico.
Por eso, la cooperación entre Washington, Quito y Bogotá puede adquirir una dimensión transfronteriza: inteligencia, vigilancia marítima, operaciones contra las rutas de la droga y coordinación frente a organizaciones criminales.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en Quito, Ecuador, el 4 de septiembre de 2025
En términos estratégicos, Colombia y Ecuador pueden funcionar como dos extremos de un mismo dispositivo de seguridad en el Pacífico oriental.
Así, la lucha contra el crimen organizado ocupará un lugar prioritario en el encuentro entre Rubio y Daniel Noboa en la visita del secretario de Estado a Ecuador, la segunda en apenas un año —mientras que el mandatario ecuatoriano ha visitado dos veces Washington en 2026—.
El país andino ha pasado de ser una de las naciones más seguras de la región a padecer un grave deterioro de la seguridad, impulsado por el ascenso de los cárteles de narcotráfico como 'Los Choneros' y 'Los Lobos', que incluso han tomado el control de varias cárceles y han sido designados por EE. UU. como organizaciones terroristas.
En consecuencia, el país registra una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.
La visita a Lima tendrá un significado diferente. Será la primera de Rubio desde la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia y permitirá a Washington establecer una relación directa con una Administración que comparte buena parte de las prioridades de seguridad de Trump.
Perú también se ha incorporado al Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad impulsada por Trump, lo que proporciona a Washington un mecanismo adicional para integrar a Lima en la arquitectura regional que está intentando construir.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, habla tras prestar juramento ante el Congreso en Lima, Perú, el martes 28 de julio de 2026.
El interés estadounidense no se limita al narcotráfico. Perú tiene una posición estratégica en el Pacífico, es un importante productor de minerales y mantiene vínculos comerciales relevantes con Estados Unidos y las economías asiáticas. Por ello, la referencia del Departamento de Estado a unas relaciones comerciales "más profundas" adquiere un significado particular en Lima.
Rubio puede intentar convertir esa relación en algo más amplio que una alianza contra el crimen: seguridad, comercio, inversión y alineamiento geopolítico.
La iniciativa de seguridad promovida por Trump es probablemente el elemento que mejor permite entender la lógica de la gira.
El denominado Escudo de las Américas —que ha evolucionado hacia una coalición contra los carteles— busca coordinar a gobiernos latinoamericanos con Estados Unidos frente al narcotráfico y el crimen organizado. Colombia y Perú ya se han incorporado, mientras Ecuador forma parte del grupo de socios que Washington considera prioritarios.
La diferencia con respecto a anteriores mecanismos de cooperación es el énfasis político de la Administración Trump. Washington no parece buscar únicamente acuerdos técnicos entre policías, militares y agencias antidroga. Busca construir una coalición política de Gobiernos dispuestos a aceptar una participación estadounidense más intensa en asuntos de seguridad hemisférica. Ahí está la principal novedad.
La selección de Bogotá, Quito y Lima también muestra hasta qué punto ha cambiado el mapa político de Suramérica. Durante los últimos años, la región estuvo marcada por una sucesión de gobiernos de izquierda o centroizquierda. Colombia, Chile, Brasil, México y otros países defendían distintos grados de autonomía frente a Washington.
Donald Trump bromea con varios gobernantes afines tras firmar la orden ejecutiva para combatir el crimen a través del Escudo de las Américas. Doral, Florida, EE. UU. 7 de marzo de 2026.
Ahora el escenario es más fragmentado. Colombia ha girado bruscamente a la derecha, Perú también. Ecuador mantiene un Gobierno conservador y estrechamente vinculado con Estados Unidos. Otros países de la región siguen caminos diferentes, como Brasil bajo Luiz Inácio Lula da Silva.
Washington está aprovechando esa fragmentación para construir relaciones bilaterales más intensas con los gobiernos que considera afines.
No se trata necesariamente de crear un bloque homogéneo, sino de construir una red de socios. Esa diferencia es importante: las prioridades de De la Espriella, Noboa y Fujimori no son idénticas. Pero pueden coincidir en suficientes asuntos —seguridad, narcotráfico, comercio y relación con Washington— como para formar una plataforma funcional para la política de Trump.
La política de Trump hacia América Latina está ampliando el concepto de seguridad.
El narcotráfico, las organizaciones criminales, las rutas marítimas y la seguridad fronteriza aparecen integrados en una misma narrativa. Esa visión facilita que Washington pase de la cooperación policial a una cooperación militar y de inteligencia más profunda.
Es también el contexto en el que ha resurgido el lenguaje de una renovada Doctrina Monroe. La Administración Trump ha defendido explícitamente la idea de impedir que actores externos desafíen el predominio estadounidense en el hemisferio. En ese marco, América Latina vuelve a ser considerada no solo como una región de interés económico, sino como un espacio estratégico en el que Estados Unidos pretende conservar una posición predominante.
Rubio es una figura central en esa estrategia porque combina dos dimensiones: la diplomática y la ideológica.
Cada vez son más los países latinoamericanos que concretan un giro a la derecha, instigados por los esfuerzos de Donald Trump por moldear el continente a la medida de sus necesidades.
Pero hay otro elemento que ayuda a explicar la intensidad de la ofensiva diplomática estadounidense: China. Aunque el comunicado del Departamento de Estado no menciona a Beijing, la competencia entre Washington y el gigante asiático está cada vez más presente en las relaciones latinoamericanas.
China ha aumentado durante las últimas décadas su comercio, sus inversiones y su presencia diplomática en Suramérica. Perú es especialmente relevante por sus vínculos comerciales con Asia y por su posición en el Pacífico; Ecuador también mantiene importantes relaciones económicas con China; y Colombia ha intentado ampliar sus opciones comerciales.
Washington tiene, por tanto, un incentivo adicional para evitar que sus socios latinoamericanos dependan cada vez más de Pekín.
La estrategia de Trump parece consistir en ofrecer algo distinto: seguridad a cambio de una relación política y económica más estrecha con Estados Unidos.
No es una fórmula nueva en la historia de las relaciones hemisféricas, pero sí adopta una intensidad distinta bajo Trump.
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Resulta significativo que el comunicado oficial sobre la gira no mencione Venezuela. Eso no significa que el tema esté fuera de la agenda estratégica estadounidense.
Washington ha elevado enormemente su implicación en Venezuela y, tras la captura de Nicolás Maduro en enero, el futuro político, económico y energético venezolano se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la política latinoamericana de Trump.
Pero la ausencia de Venezuela en el anuncio de la gira puede tener una explicación política. Rubio necesita presentar el viaje como una iniciativa de cooperación con gobiernos aliados, no como una gira diseñada exclusivamente para organizar una estrategia regional contra Caracas.
La propia geografía, sin embargo, hace difícil separar ambas cuestiones. Colombia comparte una extensa frontera con Venezuela; Ecuador y Perú reciben los efectos de los flujos migratorios y criminales procedentes de la región; y los tres países forman parte del espacio latinoamericano en el que Washington intenta aumentar su influencia.
La agenda oficial ofrece las respuestas más evidentes: ayuda humanitaria, narcotráfico y comercio.
La agenda política permite añadir otras tres. Primero, institucionalizar las nuevas alianzas. La llegada de nuevos gobiernos en Colombia y Perú ofrece a Washington una oportunidad para establecer relaciones desde el comienzo y evitar el deterioro que caracterizó la etapa final de la relación con Petro.
Segundo, convertir la cooperación contra el narcotráfico en una arquitectura regional. El Escudo de las Américas puede funcionar como el mecanismo que conecte las políticas de seguridad de varios gobiernos con las capacidades estadounidenses.
Tercero, recuperar centralidad estratégica en la región. En un contexto de creciente presencia china y de competencia global, Washington busca recordar que el hemisferio occidental continúa siendo una prioridad geopolítica estadounidense.
Es una alianza con beneficios, pero también con costos. Para los gobiernos latinoamericanos, acercarse a Washington tiene ventajas claras.
Archivo: el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se prepara para hablar en el lanzamiento de la Foundry School en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D. C., EE. UU., el 3 de septiembre de 2026.
Estados Unidos puede proporcionar inteligencia, equipamiento militar, asistencia financiera, acceso a mercados y cooperación tecnológica. Para gobiernos que enfrentan niveles elevados de violencia y crimen organizado, la capacidad estadounidense puede resultar especialmente atractiva.
Pero la alianza tiene costos potenciales. Una cooperación militar más profunda puede generar controversias sobre soberanía. Las operaciones antidroga pueden provocar debates sobre derechos humanos. Y una alineación excesiva con Washington puede limitar el margen de maniobra de los gobiernos latinoamericanos frente a China, Brasil u otros actores.
El desafío para De la Espriella, Noboa y Fujimori será, por tanto, obtener beneficios de la relación con Estados Unidos sin convertir su política exterior en una extensión automática de la estrategia de Washington.
La gira del secretario de Estado representa un momento especialmente favorable para Washington.
Colombia tiene un nuevo Gobierno decidido a acercarse a Trump. Perú acaba de elegir a una presidenta conservadora que ha optado por integrarse en la arquitectura de seguridad estadounidense. Ecuador ya es uno de los principales socios regionales de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.
Los tres países ofrecen a Washington algo que resulta especialmente valioso: gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad y abiertos a estrechar sus relaciones con Estados Unidos.
Pero convertir esa coincidencia política en una alianza regional duradera será mucho más difícil. La violencia no desaparecerá únicamente mediante operaciones militares; el narcotráfico seguirá adaptándose; China seguirá siendo un socio comercial relevante; y las sociedades latinoamericanas continuarán reclamando autonomía frente a las grandes potencias.
Tras la elección de Abelardo de la Espriella, Colombia se unió a la alianza anticarteles "Escudo de las Américas", impulsada por Donald Trump.
La visita de Rubio será, por ello, una prueba inicial de la nueva estrategia de Trump. Si Washington consigue coordinar a Colombia, Ecuador y Perú en torno a seguridad, comercio e inteligencia, habrá dado un paso importante hacia la construcción de un nuevo eje de aliados en Sudamérica.
Si, por el contrario, la cooperación queda limitada a acuerdos bilaterales y operaciones puntuales contra el narcotráfico, la gira habrá servido sobre todo para escenificar una coincidencia ideológica.
La diferencia entre ambas cosas es fundamental. Trump no necesita que América Latina piense como Estados Unidos. Necesita que suficientes gobiernos latinoamericanos estén dispuestos a actuar con Estados Unidos.
Y la gira de Marco Rubio por Colombia, Ecuador y Perú será una de las primeras grandes pruebas para comprobar hasta dónde llega esa disposición.
Con EFE y medios locales