Por Julia Symmes Cobb
BOGOTÁ, 13 oct (Reuters) - Los recortes al presupuesto que impulsan aliados del nuevo presidente derechista de Colombia limitarían las investigaciones y los juicios del tribunal de justicia transicional por violaciones a los derechos humanos, así como la búsqueda de 137.000 personas desaparecidas en el conflicto armado aún en curso, según la propia corte, la unidad de búsqueda y una ONG.
El Congreso tiene plazo hasta el 20 de octubre para decidir cómo se repartirá el presupuesto del próximo año, de 634,9 billones de pesos —unos 195.000 millones de dólares—.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), creadas en virtud del acuerdo de paz de 2016, advirtieron que los legisladores están discutiendo fuertes recortes a sus presupuestos.
El tribunal investiga y juzga a exlíderes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a militares por crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como por violaciones a los derechos humanos.
La JEP, que funcionará hasta 2033, ha condenado a exlíderes de las FARC a trabajos de reparación por su responsabilidad en secuestros, y a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos".
Además, tiene nueve casos en curso, entre ellos los de violencia sexual y de reclutamiento de menores.
Las comisiones económicas conjuntas del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate reducir en casi un 17% el presupuesto de la JEP para 2027 frente al de este año.
Según el tribunal, esa reducción pondría en riesgo los derechos de las víctimas y de los procesados. Las plenarias del Senado y de la Cámara aún deben aprobar los recortes.
El tribunal aseguró que ya aplicó medidas de austeridad. A comienzos de octubre pidió al Congreso un presupuesto de 821.000 millones de pesos —unos 250 millones de dólares— para 2027, cifra inferior a su solicitud original.
El senador Enrique Gómez, aliado cercano del presidente Abelardo De La Espriella, propuso recortar el presupuesto de la JEP en 100.000 millones de pesos —unos 30 millones de dólares— y reasignar esos fondos a la justicia ordinaria.
Según Gómez, el tribunal ha sido demasiado lento para emitir condenas y resulta excesivamente costoso en su forma actual.
COMISIONES LEGISLATIVAS RESPALDAN RECORTE A LA JEP
Las comisiones conjuntas respaldaron ese recorte y otro de 70.000 millones de pesos —unos 21 millones de dólares—. Con ambos, el presupuesto de la JEP quedaría en unos 200 millones de dólares el próximo año.
El tribunal es "una enorme máquina burocrática", dijo Gómez a Blu Radio en septiembre. "Todos los indicadores, de donde usted lo mire, son un fracaso operacional de esa rama de justicia transicional, que no ha cumplido su objetivo, que ofende a las víctimas de manera sistemática y que, en últimas, representa una garantía perpetua de impunidad, sobre todo en delitos de lesa humanidad".
De La Espriella es un abogado que representó a personas vinculadas con paramilitares de derecha. Durante la campaña prometió desmantelar la JEP, pero luego dijo que respetaría al tribunal y lo sometería a una vigilancia rigurosa. El mandatario apoya la propuesta de Gómez.
Ni Gómez ni la Presidencia respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.
La JEP, como todas las entidades públicas, presenta cada año un desglose de sus gastos y está dispuesta a ajustarse a las restricciones fiscales, explicó la magistrada Catalina Díaz a Reuters la semana pasada.
"Lo que no creemos que sea justo es que en estos años que vienen se comprometa la satisfacción de los derechos de las víctimas", afirmó.
Según Díaz, los recortes dificultarían celebrar audiencias en las zonas rurales más golpeadas por el conflicto. También complicarían el pago de la asesoría jurídica, el apoyo psicológico y los gastos de viaje de las víctimas, así como la garantía de los derechos de los presuntos responsables.
Los esquemas de seguridad para proteger a víctimas y excombatientes estarían en riesgo, advirtió.
Alrededor del 90% de los excombatientes imputados por la JEP han reconocido sus crímenes, dijo Díaz. Eso ha dado lugar a escenas conmovedoras en audiencias públicas, donde algunos comparecientes han pedido perdón a las víctimas.
"Lo que hemos visto es que la justicia restaurativa funciona, da sus frutos", aseguró. "Pero toda esa metodología restaurativa es una metodología costosa porque es intensiva en recursos humanos y en tiempo".
PIDEN AJUSTAR LA JEP, NO DESMANTELARLA
La JEP puede imponer penas de cárcel de hasta 20 años solo a quienes se niegan a reconocer su responsabilidad. Quienes reconocen sus crímenes cumplen sanciones reparadoras, como colaborar en la exhumación de restos de personas desaparecidas.
El tribunal tendrá que ajustarse a las limitaciones presupuestarias, opinó Paula Vargas, del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT, por su sigla en inglés). Esta ONG asesora a países que dejan atrás un conflicto.
Vargas propuso, entre otras medidas, agilizar las investigaciones contra los excombatientes que no fueron máximos responsables.
Sin embargo, advirtió que los legisladores no deben limitar la JEP hasta el punto de condenarla al fracaso.
"Una cosa es pedirles que sean más eficientes y hacerles rendir cuentas. Otra muy distinta es acabarlos", dijo Vargas.
En el Congreso cursan propuestas para poner fin al mandato de la JEP en 2028 o para que tribunales militares revisen las condenas contra exmilitares. Es poco probable, según analistas, que esas iniciativas logren la mayoría de dos tercios que necesitan en un Congreso profundamente dividido.
Los recortes que se discuten para la UBPD reducirían sus recursos de inversión en casi un 22%, hasta unos 18,2 millones de dólares para el próximo año.
Según funcionarios de la unidad, esa reducción pondría en riesgo la toma de muestras de ADN a familiares de desaparecidos y unas 10.000 exhumaciones previstas.
"La reducción de los recursos de inversión afecta directamente los dos pilares que hacen posible la búsqueda: la investigación interdisciplinaria y el despliegue operativo territorial de los equipos investigativos y forenses, quienes desarrollan la mayor parte de su trabajo en áreas dispersas y de poca accesibilidad", afirmó la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, en un comunicado divulgado en septiembre.
La unidad pidió al Congreso mantener su presupuesto en unos 23,4 millones de dólares para el próximo año, la misma cifra que recibió para 2026.
(Reporte de Julia Symmes Cobb. Escrito por Luis Jaime Acosta)