Brasil proyecta un gasto acumulado de 25,100 millones de dólares en ciberseguridad entre 2026 y 2029, de acuerdo con el Relatório de Cibersegurança 2026, publicado el 15 de octubre por la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicación de Brasil (Brasscom).
En México, IDC estima que el mercado de seguridad informática alcanzará 1,476 millones de dólares durante 2026, aunque las cifras disponibles resultan insuficientes para determinar cuánto invierte el país en protección digital durante un periodo equivalente.
La proyección brasileña asciende a 126,900 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 25,100 millones de dólares al tipo de cambio de referencia del 15 de octubre de 2026. El cálculo, elaborado por Brasscom con información de IDC Black Book, contempla que el gasto anual pase de 25,600 millones de reales en 2026 a 38,200 millones en 2029, un incremento de 49% durante ese periodo. La estimación comprende las adquisiciones de tecnología y la contratación de servicios de seguridad informática dentro del mercado brasileño.
México cuenta con estimaciones comerciales sobre la inversión en ciberseguridad y registros presupuestarios sobre el gasto tecnológico del gobierno federal. Sin embargo, las fuentes utilizan metodologías y categorías distintas. IDC mide un segmento del mercado de protección tecnológica, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación distribuye los recursos gubernamentales entre partidas que también financian infraestructura informática y operación digital. Las cifras abarcan diferentes actividades y resulta imposible sumarlas para obtener un monto nacional consolidado.
El detalle del informe brasileño permite identificar el destino de los recursos. Cerca de 48% se concentra en software de seguridad y 44% corresponde a servicios de tecnologías de la información. Los equipos físicos representan 6% del total, mientras que las actividades de consultoría empresarial y tercerización de procesos absorben el 2% restante. Las categorías forman parte de la clasificación utilizada por IDC y permiten distinguir los productos adquiridos de los servicios contratados para proteger sistemas.
Brasscom calcula que Brasil destinó 13,400 millones de reales en 2023 y 22,200 millones en 2025, un aumento acumulado de casi 66 por ciento. El informe también advierte que la ciberseguridad representa 6.4% del presupuesto tecnológico brasileño. Como referencia, ubica el gasto internacional en entre 8 y 12% de los presupuestos informáticos.
México mide una parte del mercado
En México, IDC prevé que el gasto en productos y servicios de seguridad llegue a 1,476 millones de dólares durante 2026, con una expansión anual estimada de 24 por ciento. La cifra fue presentada en agosto y comprende soluciones destinadas a proteger la infraestructura tecnológica. Su alcance permite describir un segmento comercial de la ciberseguridad, aunque quedan fuera de esa medición actividades que las organizaciones realizan con recursos propios y cuyo costo difícilmente puede reconstruirse a partir de las ventas de proveedores.
Para dimensionar el universo empresarial, Select calcula que las compañías mexicanas destinarán 547,000 millones de pesos a tecnologías de la información y comunicaciones en 2026, con un crecimiento de 4.1% respecto del año anterior. Ese presupuesto abarca numerosas actividades ajenas a la ciberseguridad. Aplicar al total el porcentaje de inversión tomado del informe brasileño produciría una estimación hipotética, sin información suficiente sobre las decisiones presupuestarias de las organizaciones mexicanas.
Los registros disponibles también muestran diferencias en las decisiones empresariales. Un estudio de Kaspersky divulgado en diciembre de 2025 encontró que 45% de los responsables de seguridad empresarial en México enfrentaba dificultades para priorizar sus inversiones. Otro 66% de las organizaciones carecía de un calendario regular para evaluar riesgos. Los resultados permiten conocer las prácticas de las empresas encuestadas, aunque carecen de montos que puedan utilizarse para calcular su inversión conjunta.
El presupuesto público está fragmentado
El gobierno federal dispone para 2026 de 33,395 millones de pesos en partidas identificadas como gasto en tecnologías de la información y comunicaciones, según el análisis presupuestario de Select.
La bolsa se redujo 1.9% respecto de los 34,054 millones aprobados en 2025. Los servicios TIC concentraron 40% de los recursos programados y las telecomunicaciones 38%, dentro de una clasificación que agrupa necesidades operativas distintas de la protección informática.
La especialista aseguró entonces que algunos proyectos gubernamentales reciben financiamiento fuera de las partidas que examina la consultora, lo que limita la posibilidad de reconstruir el presupuesto digital completo a partir de un solo conjunto de registros.
La ejecución añade otra diferencia entre presupuesto y gasto. Durante el primer semestre de 2026, la administración federal ejerció unos 9,700 millones de pesos de la bolsa tecnológica identificada por Select, equivalentes a 29% del total aprobado. El monto correspondió a compras y contrataciones de tecnología en general. El reporte semestral carece de una desagregación que permita determinar qué porción se utilizó específicamente para servicios de ciberseguridad.
La proporción alcanzó 31% en el mismo periodo de 2024 y 28% en 2025. Las variaciones describen el ritmo con el que las dependencias utilizan sus recursos tecnológicos, mientras permanece pendiente establecer la proporción que financia capacidades de defensa digital.
La dificultad de medición se extiende más allá de las dependencias federales. Las compras de protección informática pueden figurar dentro de contratos de servicios de nube o mantenimiento de aplicaciones, mientras que parte del trabajo se realiza con empleados de las propias instituciones. Un cálculo nacional también requeriría información homogénea de gobiernos estatales y municipales. Los recursos de las empresas públicas y de los organismos que administran infraestructura crítica tendrían que clasificarse con los mismos criterios para construir un agregado comparable.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificó debilidades institucionales adicionales en su Estudio Económico de México 2026. Según el organismo, una encuesta encontró que solo 17% de las dependencias federales estaba preparado para afrontar ciberataques.
La Dirección General de Ciberseguridad, creada en 2025 dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), contaba con 15 integrantes en el periodo examinado por la OCDE. Su función de coordinación abarca la administración pública federal, mientras que la colaboración con los otros órdenes de gobierno carece de obligatoriedad general. El organismo también advirtió de la ausencia de una ley integral de ciberseguridad y recomendó aumentar los recursos destinados a las instituciones responsables de esa actividad.
La comparación con Brasil queda condicionada por las diferencias metodológicas. El reporte de Brasscom presenta una serie de gastos observados y proyecciones hasta 2029 construida con una clasificación específica de IDC. México dispone de una estimación comercial para 2026 y de registros parciales sobre el presupuesto público. La información disponible permite conocer una parte de la inversión en protección digital, mientras que el gasto nacional agregado y su evolución hasta 2029 permanecen sin una medición consolidada que permita establecer cuánto destinará el país a ciberseguridad.