Familias de personas desaparecidas y representantes de colectivos de distintas entidades de México presentaron este lunes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la problemática que enfrenta el país en materia de desaparición desde hace décadas.
Representantes de colectivos de Coahuila, Guanajuato, Michoacán y Colima, y de Honduras, expusieron el trabajo en materia de búsqueda e investigación que hacen las familias ante la negligencia del Estado.
Esto ocurre tras la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de abrir un procedimiento a México bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el fin de pedir la intervención de la Asamblea General de las Naciones Unidas ante la posibilidad de que en el país se registren desapariciones de manera general o sistemática. A la par, sucede un día antes de que el CED presente su informe anual.
Colectivos exigieron protección internacional ante la ola de asesinatos contra personas rastreadoras, particularmente en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro
Guadalupe Fernández Martínez, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, recordó que en México hay más de 130 mil personas desaparecidas que son parte de una crisis que cuatro gobiernos de todos los partidos no han podido frenar, en medio de un clima de impunidad que muchas veces no permite siquiera clasificar el crimen como desaparición forzada, como ocurrió en el caso de su hijo.
Las personas que buscan coincidieron en pedir a la ONU y a los Estados miembros que ayuden a México con financiamiento y personas expertas para desarrollar medidas preventivas, así como el correcto avance de las investigaciones para poder llegar a sentencias. Acusó que hoy en día no hay rendición de cuentas para las familias.
Del mismo modo, describieron que el proceso, a nivel individual y colectivo, para quienes buscan a un ser querido desaparecido es doloroso, y lleno de incertidumbre y preguntas. Además, deben involucrarse en la búsqueda de diversas maneras: dando seguimiento a las carpetas, en búsquedas de campo y conociendo las diligencias realizadas.
Bibiana Mendoza Negrete, quien busca a su hermano en Guanajuato, expuso los riesgos que corren las madres y personas buscadoras, dado que la entidad es la que lidera el número de ataques y asesinatos hacia ellas. Señaló que las mujeres buscadoras necesitan protección con enfoque de género, y reiteró que la mayor seguridad para ellas sería que no hubiera más personas desaparecidas en México.
Las familias pidieron financiamiento y peritos de Naciones Unidas para destrabar investigaciones paralizadas por la impunidad. Foto: Cuartoscuro
Por separado, las familias agrupadas en torno a la Glorieta de personas desaparecidas dieron a conocer esta mañana una carta pública dirigida a quienes integran el grupo de personas expertas, nacionales e internacionales, convocado por la Secretaría de Gobernación para el análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en respuesta al anuncio de la dependencia en ese sentido el pasado viernes.
En la carta, colectivos y familiares firmantes solicitan a las personas expertas que informen sobre su mandato, objetivos de su trabajo, la transparencia en torno a este, y si se trabajará en coordinación con las víctimas.
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