El Congreso de Chile aprobó el martes una ley para agilizar las expulsiones de inmigrantes irregulares, que incluye medidas como permitir a la policía ingresar a un domicilio para aprehender a personas con una orden de salida del país.
El proyecto fue ingresado originalmente por el exmandatario izquierdista Gabriel Boric en 2024 y fue reimpulsado por la administración del ultraderechista José Antonio Kast, que asumió el poder en marzo.
El abogado de 60 años tuvo como una de sus principales banderas de campaña la expulsión de más de 330,000 migrantes en situación irregular que se estima que viven en Chile.
Según un comunicado del Senado, con la nueva ley la policía podrá solicitar a un juez una autorización "para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión".
Las autoridades también podrán pedir a organismos públicos información de indocumentados para notificarles sobre sus órdenes de expulsión.
Aunque Kast ha reafirmado su intención de combatir la inmigración irregular, a la que asocia con un aumento de la criminalidad, sus resultados han sido limitados.
En sus primeros seis meses de gobierno, apenas expulsó a unas 1,800 personas, en su mayoría colombianos, peruanos, ecuatorianos y bolivianos.
Sin embargo, la mayoría de los indocumentados en Chile son venezolanos.
El quiebre de las relaciones con Venezuela fue un obstáculo para la política migratoria de Kast. Si bien Chile acordó normalizar las relaciones con ese país en julio, esto no se ha visto reflejado en la expulsión de ciudadanos de esa nacionalidad.