"Recién me enteré y me derrumbé, caí en un tipo de depresión". "Todas las emociones se te juntan, se revuelven y a veces te sientes bien, a veces te sientes mal". "Algunas personas reaccionan con miedo, porque temen que les pase lo mismo y ya no se juntan contigo".
Estos testimonios son de hijas e hijos de personas desaparecidas en Nuevo León. De acuerdo con un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), enfrentan contextos marcados por la incomprensión de este fenómeno.
Una estimación de Tejiendo Redes Infancia apunta que en México hay alrededor de 165 mil personas, cuyas madres y padres están desaparecidos. Se trata de víctimas de las que no existe información oficial y cuya invisibilidad se traduce en exclusión por parte de las instituciones, que "no pueden saber a quién atender, presupuestar servicios ni evaluar resultados", afirma la organización.
Necesario, reconocer los derechos de familiares y víctimas indirectas en casos de personas desaparecidas. Foto: Cuartoscuro
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) muestra que hay diez estados que concentran el 67.69 % de los casos, siendo Tamaulipas (11 mil 327), Jalisco (10 mil 947) y el Estado de México (9 mil 202) los que cuentan con más reportes de personas desaparecidas, seguidos de Michoacán (6 mil 758), Sinaloa (6 mil 329), Nuevo León (6 mil 34), Veracruz (5 mil 545), Guanajuato (4 mil 926), Sonora (4 mil 802) y Baja California (3 mil 972). Estos datos muestran que la crisis nacional tiene expresiones territoriales particulares.
En el documento "Estimación Hijas e hijos de personas desaparecidas en México", Tejiendo Redes Infancia subraya que esta falta de reconocimiento de los derechos de familiares y víctimas indirectas conlleva afectaciones que en el caso de niñas y adolescentes, se reflejan en trabajo doméstico intensificado, interrupciones escolares o responsabilidades adultas anticipadas; mientras que para los niños y varones adolescentes representa mandatos de silencio, autosuficiencia o la sustitución del proveedor familiar.
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Asimismo, se generan graves afectaciones también en las madres, abuelas, hermanas, parejas e hijas de las personas desaparecidas, quienes "suelen absorber la búsqueda, la crianza, el ingreso y la gestión institucional", señala el análisis.
Juan Martín Pérez, especialista de Tejiendo Redes Infancia, destacó que el análisis de la CEDHNL permitió dimensionar las afectaciones que viven las infancias y adolescencias: miedo, incertidumbre, emociones cambiantes, bajo rendimiento escolar, acoso escolar (bullying), trámites poco sensibles e inseguridad. Todo ello sostenido principalmente por las madres, abuelas y los colectivos de búsqueda.
Entre las principales barreras institucionales y de acceso a la justicia, Pérez señaló:
La ausencia de registros oficiales de hijos e hijas de personas desaparecidas, lo que impide diseñar políticas públicas de protección.
La omisión por parte de fiscalías y comisiones de búsqueda de contabilizar a los menores afectados.
El desconocimiento de niñas, niños y personas adolescentes como sujetos de derecho por parte de las autoridades.
La falta de apoyos directos para las madres buscadoras y la excesiva complejidad en los trámites.
Ante este panorama, la organización determinó que es urgente garantizar acompañamiento psicosocial, continuidad educativa, prevención del estigma, diligencias adaptadas, valoración de riesgos y planes de protección, además de un apoyo financiero suficiente que evite transferirles responsabilidades del Estado.
En un país con más de 103 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas de entre 15 y 49 años —y una estimación de más de 165 mil hijas e hijos afectados—, la organización remarcó la necesidad de implementar una ruta interinstitucional y coordinada.
Madres buscadoras han denunciado ineficiencia institucional, falta de investigación adecuada, mala integración de datos y la constante pérdida o extravío de expedientes por parte de las autoridades. Foto: Cuartoscuro
De acuerdo con Juan Martín Pérez, especialista de Tejiendo Redes Infancia, el gran valor del informe de la CEDHNL radica en rescatar las voces de las hijas y los hijos, de niñas, niños y adolescentes, quienes suelen ser ignorados sistemáticamente.
Durante una audiencia pública celebrada en Nuevo León, la comisión también registró los testimonios de madres buscadoras, quienes denunciaron ineficiencia institucional, falta de investigación adecuada, mala integración de datos y la constante pérdida o extravío de expedientes por parte de las autoridades.
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Pese a este escenario de adversidad, las madres destacaron la resiliencia y la organización colectiva como herramientas fundamentales para mitigar la tragedia. Según el informe, estos espacios comunitarios se han convertido en refugios donde aprenden a incluir a los menores en los procesos de búsqueda, a explicarles la situación con claridad y a encontrar acompañamiento terapéutico especializado. Es ahí, en el seno de la colectividad y frente al espejo de una nueva cotidianidad, donde surge la interrogante íntima sobre su propio destino: "¿Qué piensa hacer?".
"No les han robado su infancia, siguen siendo niños, niñas o adolescentes con una persona desaparecida en su vida, pero siguen jugando, siguen teniendo derecho a un proyecto de futuro," sostuvo Pérez.
Actualmente, el sistema de atención a los reportes de desaparición carece de una relación funcional entre la persona desaparecida, sus hijas e hijos y las medidas adoptadas. Ante este vacío, Tejiendo Redes Infancia propuso una ruta institucional basada en la debida diligencia, que comience con una valoración integral adecuada a la edad de los menores, abarcando continuidad educativa, salud física y mental, protección social, asesoría jurídica, seguridad y participación segura.
La organización planteó que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) articule los estándares; las procuradurías de protección valoren y restituyan derechos; las comisiones de víctimas coordinen la ayuda y la reparación; las fiscalías y comisiones de búsqueda aporten la señal inicial; y los sistemas de educación, salud y protección social ejecuten las medidas correspondientes.
"El aprendizaje institucional no es afirmar que todas las familias viven lo mismo, sino reconocer que el daño se produce en la interacción entre desaparición, organización desigual del cuidado y respuesta fragmentada. Una investigación nacional debe observar quién dejó la escuela, asumió trabajo, se desplazó, participa en la búsqueda, recibió apoyo o enfrentó una negativa", concluye el informe de Tejiendo Redes Infancia.